José Antonio Otero se entrevistó en elCongreso conel diputado catalán Carles Campuzano
El Consejo impulsa la creación de una Subcomisión de Seguridad en el Congreso
CiU se compromete a promover su puesta en marcha en la próxima legislatura
El Consejo General de Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos ha instado la creación en el Congreso de los Diputados de una Subcomisión destinada al estudio en profundidad de la prevención de los riesgos laborales, con especial atención a la construcción, así como al seguimiento de las acciones de gobierno que se emprendan en este campo. Convergència i Unió ha recogido el testigo y se ha comprometido a promover su constitución en cuanto se inicie la próxima legislatura.
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na entrevista
personal, celebrada el pasado 31 de enero entre el presidente del Consejo
General de la Arquitectura Técnica, José Antonio Otero, y el diputado
del Grupo Catalán, Carles Campuzano, ha sido el punto de partida para la
creación en la próxima legislatura de una subcomisión, cuya función
primordial sea la de auscultar en profundidad los aspectos derivados de la
seguridad y salud laboral en todas sus vertientes.
La
citada subcomisión, cuya constitución impulsará CiU entre los grupos
parlamentarios, se integraría en la Comisión de Política Social y
Empleo del Congreso, y contaría con una referencia especial al sector de
la construcción.
La iniciativa, puesta en marcha por nuestra máxima institución profesional el pasado mes de diciembre, ha sido muy favorablemente acogida por la coalición catalana, que se ha comprometido, a través de su hasta ahora portavoz en la materia, a convertir la prevención de riesgos laborales en una tarea prioritaria en cuanto se abra el nuevo periodo de sesiones.
De contar con el más que probable consenso de todos los grupos parlamentarios, la citada subcomisión comenzaría a trabajar de forma inmediata. En primer lugar, se elaboraría un plan de actuación. En una primera fase, se incluiría la comparecencia de todos los profesionales y entidades implicadas en las labores de prevención de riesgos -entre ellos, como es evidente, el organismo promotor de la iniciativa-. Igualmente, se solicitarían cuantos informes, estadísticas y estudios fueran necesarios para que los diputados pudieran analizar la situación en la que se encuentra la seguridad y salud laboral en España. En una segunda fase, la subcomisión elaboraría una serie de propuestas concretas o mandatos del Parlamento a la sociedad y a las organizaciones públicas implicadas.
El diputado catalán estima que, a mediados del próximo año, podría contarse ya con conclusiones concretas, tras el estudio en profundidad realizado.
José Antonio Otero se entrevistó en
elCongreso conel diputado catalán Carles Campuzano
El Consejo General había presentado, previamente al encuentro personal entre José Antonio Otero y Carles Campuzano, un amplio informe en el que se justificaba la necesidad de contar con el poder legislativo para afrontar una problemática de tal amplitud y complejidad, por cuanto afecta a derechos constitucionales básicos y a políticas generales de educación y trabajo.
Informe
El citado informe insistía en la importancia de dedicar una atención especial al sector de la construcción, habida cuenta de la alta tasa de siniestralidad que sufre, “lo que es consecuencia de un cúmulo de circunstancias concurrentes, de orden técnico o económico algunas, y de orden social otras, que no son susceptibles de corregirse a través solamente de disposiciones emanadas del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, sino que requieren de medidas correctoras más complejas y completas que contemplen la situación en su conjunto”.
Se integraría en la Comisión de Política Social y Empleo y tendría una referencia especial a la construcción
Entre otras cuestiones, el Consejo General insistía en su análisis en la conveniencia de abordar cuestiones tales como las de la efectiva tecnificación del constructor, desarrollando las previsiones contenidas en la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación; la regulación de los sistemas y mecanismos de subcontratación; el control de los trabajos a destajo; la información; la formación de los trabajadores, y la mejora de los protocolos de comunicación, con especial incidencia en el uso de las órdenes por escrito, para facilitar la coordinación de seguridad, particularmente en relación con los trabajadores procedentes de otros países.
Además, el Consejo ha insistido en la necesidad que el Parlamento inste a las Administraciones Publicas, puesto que promueven más de un 30 por ciento de la edificación, al cumplimiento de las exigencias legales, lo que lamentablemente no suele ocurrir. “Si tal cumplimiento existiese en su totalidad, se produciría una notable mejora y su efecto multiplicador tendría consecuencias importantísimas”, se afirmaba en el informe.
Estos mismos temas centraron la entrevista entre Campuzano y Otero, celebrada en el Congreso de los Diputados el 31 de enero.
El presidente del Consejo General explicó al diputado las especiales circunstancias que, en materia de seguridad y salud laboral, concurren en el sector de la construcción, donde, a la diversidad de oficios, se unen las condiciones extremas en las que se desarrollan las diferentes labores, donde no existe profesionalización y donde los ritmos de trabajo no colaboran en la labor preventiva.
Otero reiteró que la seguridad es rentable económica y, sobre todo, socialmente, y abogó por la necesidad de una mayor formación de los trabajadores en un sector de especial riesgo, porque “no hay labor preventiva que pueda proteger a quienes no quieren protegerse”.
Además, insistió
ante el representante de la coalición catalana en la preocupación de
aparejadores y arquitectos técnicos con respecto al aseguramiento, en el
sentido de que las responsabilidades derivadas de los accidentes laborales
parece que acaban recayendo en los profesionales que cuentan con las
primas que ofrecen mayores coberturas.
Finalmente, el
presidente ofreció la colaboración de la institución profesional, a
través de su Área de Seguridad, para apoyar la labor que emprenda el
Congreso.
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‘Una propuesta absolutamente necesaria’ |
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Carles
Campuzano, portavoz de CiU en la Comisión de Política Social y Empleo en
la anterior legislatura, reconoce que el Congreso de los Diputados no ha
prestado suficiente atención a la prevención de los riesgos laborales.
Por ello, estima que la propuesta del Consejo General de Colegios de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos es una iniciativa necesaria y ofrece,
en nombre de Convergència i Unió, su impulso más decidido.
¿Piensa,
desde su experiencia como portavoz de CiU en la materia, que el Parlamento
ha mostrado la necesaria sensibilidad ante los aspectos relacionados con
la seguridad y salud laboral?
Considerando
la magnitud de la cuestión, considerando que hablamos de dramas que
afectan a personas concretas, con nombre y apellido, y a sus familiares, y
considerando el impacto que estos accidentes tienen en la opinión pública,
creo que no se ha hecho lo suficiente. Ha
habido algunas iniciativas, bien del Gobierno o bien de los grupos de la
oposición, pero creo que no han dado respuesta a una realidad que está
ahí y que, como representantes de la ciudadanía, nos toca
afrontar.
Han sido
muy escasas durante la legislatura las comparecencias del ministro de
Trabajo solicitadas por el Congreso para abordar estas materias. Además,
¿por qué se le plantean siempre cuestiones genéricas y nadie pide datos
concretos sobre la actuación en materia preventiva de la propia
Administración?
Los
instrumentos parlamentarios que existen para hacer un seguimiento de
aquellas materias de las cuales son también responsables la Administración,
a veces adolecen de excesiva generalidad y, por tanto, hay que buscar
instrumentos parlamentarios, mucho más concretos y específicos para
profundizar en los temas.
En
esta materia, las iniciativas más importantes han sido, efectivamente,
las comparecencias de altos cargos del
Gobierno, pero creo que estas iniciativas no han permitido profundizar en
temas concretos. |
Evidentemente,
el tema que ustedes apuntan de la responsabilidad de la Administración en
sus obras, debería ser una prioridad en la próxima legislatura, porque
si la Administración es ejemplar en su actuación y es la primera en
cumplir con la legislación vigente, asume su responsabilidad y forma a
los trabajadores es
capaz, en definitiva, de cumplir las leyes, nos daría mucha mas fuerza a
la hora de plantear ese mismo cumplimiento de la ley en otros sectores de
actividad o en otros ámbitos, donde el responsable de las actuaciones no
sea la Administración Pública.
¿Cómo valora la
propuesta del Consejo General?
La posibilidad de que en esta legislatura, en el marco de la Comisión
de Política Social y Empleo, se impulse una subcomisión para abordar la
problemática de los accidentes en el ámbito laboral y que realice una
reflexión muy específica en el sector de la construcción, me parece
absolutamente necesario. Por parte de Convergència i Unió asumimos este
compromiso, y pretendemos situar la reflexión y las propuestas sobre la
accidentalidad en los puestos de trabajo como una de las prioridades de la
próxima legislatura.
Por tanto, la creación de la subcomisión nos puede permitir
profundizar, superar una visión tópica que, a veces tenemos sobre esta
realidad, ser capaces de oír a todos los sectores implicados, y avanzar
en propuestas concretas que luego las Administraciones Públicas pueda
aplicar.
Creo, por consiguiente, que es una propuesta acertada y que va a
encontrar, no tan sólo nuestro apoyo, sino también nuestro impulso más
decidido. ¡ |
